La narrativa que se está desarrollando desde BTC Core no es solo un malentendido de seguridad o tecnología, es un teatro calculado de engaño. Se hacen pasar por innovadores mientras alejan el protocolo aún más de lo que Bitcoin alguna vez se pretendió que fuera. ¿La afirmación de que AES y RSA se han roto? Mentiras. No "malas interpretaciones" ni "previsiones demasiado entusiastas", sino invenciones absolutas. Estos son mitos sin fundamento alimentados a las masas para justificar cambios innecesarios y dañinos.

Y abordemos esta llamada revolución cuántica. La máquina D-Wave que les gusta promocionar no es una computadora cuántica; es un sistema clásico glorificado envuelto en jerga de marketing. No hace nada que amenace ni remotamente a los sistemas criptográficos. No es más capaz de romper el cifrado que una calculadora de bolsillo. Más allá de eso, toda la noción de computación cuántica real está sumida en una montaña de obstáculos científicos y de ingeniería que no se han superado, y probablemente nunca lo serán.

Para que exista una computadora cuántica, se necesitarían cúbits lógicos, que requieren múltiples cúbits físicos trabajando al unísono bajo una coherencia perfecta. Eso no ha sucedido. Mil millones de cúbits físicos con coherencia lógica cero no son una computadora cuántica; son un pisapapeles caro. ¿La idea de que un avance cuántico está a la vuelta de la esquina? No es solo especulativa, es fraudulenta. Los gobiernos invierten miles de millones en esto, financiando lo que se ha convertido en la mayor estafa científica de las últimas tres décadas. Hace que el bombo publicitario en torno a los modelos climáticos parezca un juego de niños en comparación.

BTC Core, bajo el disfraz de la seguridad poscuántica, aprovechará este fraude cuántico para justificar cambios de protocolo que desfigurarán a Bitcoin hasta dejarlo irreconocible. Estos cambios no protegerán la red; la deformarán hasta convertirla en un monstruo de Frankenstein irreconocible, un experimento grotesco nacido de la arrogancia y la desinformación. Cada alteración lo aleja aún más de un protocolo seguro y fijo para convertirse en un caos mutable y manipulable que sirve a los intereses de unos pocos a expensas de la mayoría.

Bitcoin fue diseñado para perdurar sin necesidad de los caprichos de los tecnócratas para reparar amenazas inexistentes. Lo que hace BTC Core no es conservación, sino destrucción, velada por la retórica de la innovación.

El artículo se presenta como un gran avance, pero su afirmación se derrumba bajo el escrutinio. Un verdadero avance en la computación cuántica no es la construcción de otro cúbit físico revestido de una apariencia de coherencia, sino la creación de un sistema que hace avanzar la frontera de la computación misma. Este trabajo, aunque técnicamente preciso, no logra nada revolucionario. Manipula un solo cúbit mecánico con una anarmonicidad afinada, pero no es un gran salto adelante, es un refinamiento de lo que ya se entiende bien.

El lenguaje del triunfo no puede ocultar la ausencia de sustancia. Un qubit lógico no es simplemente una unidad física con una decoherencia reducida, es una abstracción, un constructo que perdura a través de la integración de la corrección de errores y la coherencia en todos los sistemas. Los autores no han creado nada más que un mecanismo aislado, un ejercicio trivial de ajuste de un único componente. Afirman que es novedoso, pero su trabajo está limitado por las mismas limitaciones que han plagado el diseño de qubits durante años.

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S. Tominaga también conocido como CSW
22 de noviembre de 2024
https://x.com/CsTominaga/status/1859792362756768016?t=6oIOALXiEoSgqrPG2XOBXQ&s=19

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Si este es su "gran avance", entonces el campo está estancado. Han vestido su progreso incremental con el manto de la innovación, pero la realidad es desnuda. Un qubit lógico basado en la coherencia exige más: exige la integración de principios que escalan, que resuelven, que trascienden. Este trabajo no ofrece nada de eso. No es un gran avance; es un eco del trabajo ya realizado, una repetición de ideas que no logran hacer avanzar el estado de la computación cuántica. El verdadero avance sigue estando lejos de su alcance.

Probablemente, no es posible. Ciertamente, no dentro de 50 años.

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S. Tominaga también conocido como CSW
22 de noviembre de 2024 https://x.com/CsTominaga/status/1859792362756768016?t=6oIOALXiEoSgqrPG2XOBXQ&s=19

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S. Tominaga AKA CSW
Nov 22, 2024
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S. Tominaga AKA CSW
Nov 22, 2024
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It starts like one of those bad mornings, the kind where the air smells like burnt toast and bad decisions.

BTC Core, this ragtag group of developers, stumbles around in the dark alley of decentralisation, holding a flickering torch of supposed integrity.

They don’t call themselves partners, oh no—partners means liability, means responsibility. But here they are, making decisions as a unit, wielding power over Bitcoin’s bones like undertakers who forgot the name of the corpse.

Duruigbo’s piece—hell, it’s like it was written for these guys.

Inadvertent partnerships, he says.

Two words that hum a tune you can’t get out of your head. It’s about actions that speak louder than contracts, about people who walk the walk of shared control but pretend they’re just passing through.

BTC Core does this dance so well it’s almost poetry, except it’s not. It’s a mess of centralisation wrapped up in decentralisation’s clothes, a wolf sniffing around in sheep’s wool.

And the fiduciary duties?

Don’t make me laugh.
BTC Core likes to talk decentralisation, to tell the world that Bitcoin is this pure, untouchable thing. But when they hold the keys to the kingdom, who watches them?

No boardrooms, no oversight, no sense of accountability to anyone but themselves and their sponsors. They’re like gamblers at a rigged table, playing with the house’s money, telling everyone the game is fair.

Just pour another whiskey and said it outright: "They’re partners, whether they like it or not, and partnerships mean someone gets screwed." You can’t claim to run the show and then shrug when the lights go out.

BTC Core, for all their 'technical brilliance', are just men in a room pretending not to be the boss. And Bitcoin? It deserves better than this tired game.

S. Tominaga AKA CSW
Nov 22, 2024
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Todo empieza como una de esas malas mañanas, de esas en las que el aire huele a tostadas quemadas y malas decisiones.

BTC Core, este grupo de desarrolladores desorganizado, se tambalea en el oscuro callejón de la descentralización, sosteniendo una antorcha parpadeante de supuesta integridad.

No se llaman a sí mismos socios, oh no, socios significa responsabilidad, significa responsabilidad. Pero aquí están, tomando decisiones como una unidad, ejerciendo poder sobre los huesos de Bitcoin como enterradores que olvidaron el nombre del cadáver.

El artículo de Duruigbo, diablos, es como si hubiera sido escrito para estos tipos.

Asociaciones involuntarias, dice.

Dos palabras que tararean una melodía que no puedes sacarte de la cabeza. Se trata de acciones que hablan más alto que los contratos, de personas que caminan por el camino del control compartido pero fingen que solo están de paso.

BTC Core hace este baile tan bien que es casi poesía, excepto que no lo es. Es un lío de centralización envuelta en la piel de la descentralización, un lobo husmeando en la lana de las ovejas.

¿Y los deberes fiduciarios?

No me hagas reír.
A BTC Core le gusta hablar de descentralización, decirle al mundo que Bitcoin es algo puro e intocable. Pero cuando tienen las llaves del reino, ¿quién los vigila?

No hay salas de juntas, ni supervisión, ni sentido de responsabilidad hacia nadie más que ellos mismos y sus patrocinadores. Son como jugadores en una mesa amañada, jugando con el dinero de la casa, diciéndoles a todos que el juego es justo.

Simplemente sírvase otro whisky y dígalo abiertamente: "Son socios, les guste o no, y las asociaciones significan que alguien sale perjudicado". No puede afirmar que dirige el espectáculo y luego encogerse de hombros cuando se apagan las luces.

BTC Core, a pesar de toda su "brillantez técnica", son solo hombres en una habitación que fingen no ser el jefe. ¿Y Bitcoin? Merece algo mejor que este juego cansado.

S. Tominaga, también conocido como CSW
22 de noviembre de 2024
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S. Tominaga AKA CSW
Nov 24, 2024
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The High Court’s decision in Australian Capital Television v Commonwealth (1992) 177 CLR 106 marks a significant yet troubling moment in Australian constitutional law. By inferring an implied freedom of political communication from the Constitution’s framework, the Court sought to safeguard a vital principle for representative democracy. However, this reasoning, while well-intentioned, ventures perilously close to judicial activism, creating rights not explicitly provided for in the text. Such an approach undermines the rule of law and parliamentary sovereignty, leaving the judiciary as the arbiter of evolving societal values—a role it was never designed to play.

To properly understand the flaws in the Court’s reasoning, we must address the nature of free speech itself. Free speech is not merely a legal convenience or an instrumental right to further democracy; it is a fundamental principle rooted in the nature of human reason and individual rights. The ability to think, speak, and communicate freely is essential for human progress, enabling individuals to act on their rational judgment. Ayn Rand’s insights underscore this truth: free speech is not a privilege granted by governments but a moral imperative arising from the requirements of human survival and flourishing.

Free speech, properly understood, must be protected as a political right that restricts government interference in expression. Yet it must also be tied to property rights, as speech requires a medium—whether through one’s platform or voluntary associations. This distinction is critical because it reinforces the idea that free speech does not include a claim to another’s resources but solely the freedom to speak without coercion. In this context, the Court’s attempt to imply a freedom of political communication through constitutional interpretation introduces ambiguities that threaten to dilute this essential principle.

The High Court’s decision conflates the necessary existence of political communication with a judicial mandate to protect it. While political communication is indispensable to the democratic process, the Constitution does not explicitly guarantee such a freedom. By inferring it, the Court not only stretches the boundaries of its interpretive authority but also risks creating a right that can be redefined and expanded by future judicial activism. This undermines the principle that laws must be made by the people’s elected representatives, not unelected judges.

Moreover, the implied freedom of political communication, as framed by the Court, is inherently limited and incomplete. It is not a true right to free speech but a constrained protection against legislative and executive interference in certain political contexts. This limitation introduces uncertainty and invites litigation over the scope of the implied freedom, burdening courts with questions better resolved through democratic debate..

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S. Tominaga AKA CSW
Nov 24, 2024
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If Australia is to enshrine free speech, it should do so openly and deliberately, not through judicial implication. A statutory or constitutional amendment explicitly guaranteeing free speech would provide clarity and legitimacy that judicially implied rights cannot. Such an amendment must carefully define the scope of free speech, ensuring it protects against government censorship while respecting property rights and the boundaries of individual responsibility. This approach would align with the principles of a free society, where rights are protected by law but grounded in the moral autonomy of the individual.

The decision in Australian Capital Television reflects a critical misunderstanding: that the judiciary can safeguard democratic principles by creating implied rights. In truth, the strength of free speech lies not in judicial creativity but in the explicit recognition of its moral and legal necessity. The proper path forward is to introduce free speech protections through democratic processes, ensuring they are grounded in the will of the people and consistent with the principles of individual liberty and parliamentary sovereignty. Only then can Australia achieve the balance of freedom and accountability that free speech demands.

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S. Tominaga AKA CSW
Nov 24, 2024
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La decisión del Tribunal Supremo en el caso Australian Capital Television v Commonwealth (1992) 177 CLR 106 marca un momento significativo, aunque preocupante, en el derecho constitucional australiano. Al inferir una libertad implícita de comunicación política del marco constitucional, el Tribunal trató de salvaguardar un principio vital para la democracia representativa. Sin embargo, este razonamiento, aunque bien intencionado, se aventura peligrosamente cerca del activismo judicial, creando derechos que no están previstos explícitamente en el texto. Este enfoque socava el estado de derecho y la soberanía parlamentaria, dejando al poder judicial como árbitro de la evolución de los valores sociales, un papel para el que nunca fue diseñado.

Para entender adecuadamente las fallas en el razonamiento del Tribunal, debemos abordar la naturaleza de la libertad de expresión en sí. La libertad de expresión no es meramente una conveniencia legal o un derecho instrumental para promover la democracia; es un principio fundamental arraigado en la naturaleza de la razón humana y los derechos individuales. La capacidad de pensar, hablar y comunicarse libremente es esencial para el progreso humano, permitiendo a los individuos actuar según su juicio racional. Las reflexiones de Ayn Rand subrayan esta verdad: la libertad de expresión no es un privilegio concedido por los gobiernos, sino un imperativo moral que surge de las exigencias de la supervivencia y el florecimiento humanos.

La libertad de expresión, correctamente entendida, debe ser protegida como un derecho político que restringe la interferencia del gobierno en la expresión. Sin embargo, también debe estar vinculada a los derechos de propiedad, ya que la expresión requiere un medio, ya sea a través de la propia plataforma o de asociaciones voluntarias. Esta distinción es fundamental porque refuerza la idea de que la libertad de expresión no incluye un derecho a los recursos de otro, sino únicamente la libertad de hablar sin coerción. En este contexto, el intento de la Corte de implicar una libertad de comunicación política mediante la interpretación constitucional introduce ambigüedades que amenazan con diluir este principio esencial.

La decisión de la Corte Suprema confunde la existencia necesaria de la comunicación política con un mandato judicial para protegerla. Si bien la comunicación política es indispensable para el proceso democrático, la Constitución no garantiza explícitamente esa libertad. Al inferirla, la Corte no solo amplía los límites de su autoridad interpretativa, sino que también corre el riesgo de crear un derecho que puede ser redefinido y ampliado por el activismo judicial futuro. Esto socava el principio de que las leyes deben ser creadas por los representantes electos del pueblo, no por jueces no electos.

Además, la libertad implícita de comunicación política, tal como la define la Corte, es inherentemente limitada e incompleta. No es un verdadero derecho a la libertad de expresión, sino una protección limitada contra la interferencia legislativa y ejecutiva en ciertos contextos políticos. Esta limitación introduce incertidumbre e invita a litigios sobre el alcance de la libertad implícita, cargando a los tribunales con cuestiones que se resuelven mejor mediante un debate democrático.

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S. Tominaga, también conocido como CSW
24 de noviembre de 2024
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Si Australia quiere consagrar la libertad de expresión, debe hacerlo abierta y deliberadamente, no por medio de una implicación judicial. Una enmienda estatutaria o constitucional que garantice explícitamente la libertad de expresión aportaría claridad y legitimidad que los derechos implícitos judicialmente no pueden aportar. Una enmienda de ese tipo debe definir cuidadosamente el alcance de la libertad de expresión, garantizando que proteja contra la censura gubernamental, respetando al mismo tiempo los derechos de propiedad y los límites de la responsabilidad individual. Este enfoque estaría en consonancia con los principios de una sociedad libre, donde los derechos están protegidos por la ley pero se basan en la autonomía moral del individuo.

La decisión en el caso Australian Capital Television refleja un malentendido crítico: que el poder judicial puede salvaguardar los principios democráticos creando derechos implícitos. En verdad, la fuerza de la libertad de expresión no reside en la creatividad judicial, sino en el reconocimiento explícito de su necesidad moral y jurídica. El camino correcto a seguir es introducir protecciones a la libertad de expresión a través de procesos democráticos, garantizando que se basen en la voluntad del pueblo y sean coherentes con los principios de la libertad individual y la soberanía parlamentaria. Sólo entonces podrá Australia lograr el equilibrio de libertad y responsabilidad que exige la libertad de expresión.

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S. Tominaga también conocido como CSW
24 de noviembre de 2024
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S. Tominaga AKA CSW
Nov 24, 2024
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The so-called "right to be forgotten" is a dangerous conflation of individual privacy with the suppression of truth. At its core, it attempts to grant individuals a power that does not and cannot exist: the ability to erase reality. Facts, once true, remain true. To legislate otherwise is to enshrine the falsehood that one's past can be rewritten to suit one's present desires. Such a concept is not the defence of rights but their betrayal.

The essence of individual liberty is the right to act and to be judged by the consequences of those actions. This does not entitle anyone to demand that others forget what they have seen, heard, or experienced. The "right to be forgotten" imposes a moral and legal inversion: it forces others to alter their memory, their records, and their history to accommodate a revisionist view of the past. This is not justice; it is coercion, and it undermines the integrity of any legal system that claims to respect individual rights.

The proper approach to privacy is to ensure that individuals are secure from unjust intrusions by others, particularly from the state. This includes protections against unwarranted surveillance, data breaches, and the misuse of information acquired without consent. But the right to privacy does not extend to censoring the truth or compelling others to alter the factual record. The moment an individual voluntarily engages with society—whether through commerce, public speech, or any other form of interaction—they place a part of themselves in the public sphere. To attempt to claw back this information by law is an affront to freedom, both of the individual seeking to erase their past and of those tasked with preserving it.

The content of any privacy-related right should be strictly limited to what can be reasonably protected without infringing on the rights of others. For instance, there is a valid claim to require consent for the use of personal data collected in private contexts. Yet even here, the law must avoid paternalism: individuals must take responsibility for their choices, including the contracts they enter into and the information they share.

The responsibility for implementing such laws lies with a judicial system committed to protecting rights, not creating them. A court should uphold privacy only when it does not conflict with the truth or the freedom of others. Any attempt to legislate a blanket "right to be forgotten" must fail on these grounds: it violates the principle of objective law by replacing justice with whim.

Ultimately, the right to privacy, properly understood, is a shield, not a sword. It protects individuals from harm; it does not empower them to rewrite the past. A society that values freedom cannot afford to elevate the subjective desire to "forget" above the objective necessity of truth. To do so is to sacrifice the rational foundation of rights on the altar of evasion..

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S. Tominaga AKA CSW
Nov 24, 2024
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The so-called "right to be forgotten" opens a dangerous avenue for moral evasion, one that encourages individuals to shirk responsibility for their actions. By allowing individuals to erase their misdeeds from public memory, it removes the natural consequence of accountability—the judgment of one’s peers based on the truth. This creates a moral hazard, fostering a culture where people are emboldened to act in ways they otherwise might not, knowing they can later demand that society forgets their transgressions.

When history can be rewritten to suit personal convenience, the incentives to act ethically and with integrity diminish. What need is there to weigh the consequences of one’s actions if those consequences can simply be erased? The result is a society riddled with deception, fraud, and manipulation. A businessman who can demand the erasure of bankruptcy records may defraud creditors again. A public official who can obscure their history of corruption will find fewer barriers to continuing their schemes. Even in personal relationships, the ability to selectively erase past indiscretions fosters a foundation of mistrust, where the truth itself is no longer a certainty.

This erosion of accountability does not merely create opportunities for fraud; it actively rewards it. The very individuals most likely to invoke the "right to be forgotten" are often those who have the most to hide. Honest individuals have no need to erase their past; their actions speak for themselves. But the dishonest, the duplicitous, and the corrupt will seize this legal mechanism as a tool for evasion. They will use it to silence criticism, suppress evidence, and whitewash their reputations—all at the expense of truth and justice.

The societal cost of this principle is staggering. The institutions that rely on transparency—courts, markets, journalism—are all undermined when the truth can be erased at will. Fraud proliferates in a system where records are not immutable, where the memory of society can be manipulated by legal decree. The law becomes an accomplice to deception, rather than a defender of integrity.

Moreover, this principle exacts a profound psychological and cultural toll. When people are encouraged to erase their pasts, they lose the opportunity for growth and redemption. Mistakes, failures, and even misdeeds are a part of the human experience; they are the crucible through which character is forged. By erasing these events, individuals deny themselves the chance to confront their errors, to learn from them, and to rebuild their lives on a foundation of earned respect. A society that permits such evasion stunts the moral development of its people, prioritising comfort over character.

The "right to be forgotten" is not just a flawed concept; it is a fundamentally dangerous one. It undermines accountability, fosters fraud, and robs individuals of the moral strength that comes from confronting their past. Its cost is paid not only in the dishonesty it enables but in the erosion of trust and integrity upon which any free and rational society depends. The truth cannot be forgotten, nor should it be. A society that values freedom, justice, and progress must hold fast to this principle, no matter the discomfort it may cause.

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S. Tominaga AKA CSW
Nov 24, 2024
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El llamado "derecho al olvido" es una peligrosa combinación de privacidad individual y supresión de la verdad. En esencia, intenta otorgar a los individuos un poder que no existe ni puede existir: la capacidad de borrar la realidad. Los hechos, una vez que son ciertos, siguen siendo ciertos. Legislar de otra manera es consagrar la falsedad de que el pasado de uno puede reescribirse para adaptarse a los deseos de uno presente. Semejante concepto no es la defensa de los derechos, sino su traición.

La esencia de la libertad individual es el derecho a actuar y a ser juzgado por las consecuencias de esas acciones. Esto no da derecho a nadie a exigir que los demás olviden lo que han visto, oído o experimentado. El "derecho al olvido" impone una inversión moral y legal: obliga a los demás a alterar su memoria, sus registros y su historia para dar cabida a una visión revisionista del pasado. Esto no es justicia; es coerción, y socava la integridad de cualquier sistema legal que pretenda respetar los derechos individuales.

El enfoque adecuado para la privacidad es garantizar que las personas estén a salvo de intrusiones injustas de terceros, en particular del Estado. Esto incluye protecciones contra la vigilancia injustificada, las violaciones de datos y el uso indebido de la información obtenida sin consentimiento. Pero el derecho a la privacidad no se extiende a censurar la verdad u obligar a otros a alterar el registro fáctico. En el momento en que un individuo se relaciona voluntariamente con la sociedad, ya sea a través del comercio, el discurso público o cualquier otra forma de interacción, coloca una parte de sí mismo en la esfera pública. Intentar recuperar esta información por ley es una afrenta a la libertad, tanto de la persona que busca borrar su pasado como de quienes tienen la tarea de preservarlo.

El contenido de cualquier derecho relacionado con la privacidad debe limitarse estrictamente a lo que se puede proteger razonablemente sin infringir los derechos de los demás. Por ejemplo, existe una reivindicación válida para exigir el consentimiento para el uso de datos personales recopilados en contextos privados. Sin embargo, incluso en este caso, la ley debe evitar el paternalismo: las personas deben asumir la responsabilidad de sus elecciones, incluidos los contratos que celebran y la información que comparten.

La responsabilidad de implementar tales leyes recae en un sistema judicial comprometido a proteger los derechos, no a crearlos. Un tribunal debe defender la privacidad solo cuando no entre en conflicto con la verdad o la libertad de los demás. Cualquier intento de legislar un "derecho al olvido" general debe fracasar por estos motivos: viola el principio de la ley objetiva al reemplazar la justicia por el capricho.

En última instancia, el derecho a la privacidad, correctamente entendido, es un escudo, no una espada. Protege a las personas del daño; no les da el poder de reescribir el pasado. Una sociedad que valora la libertad no puede permitirse el lujo de elevar el deseo subjetivo de "olvidar" por encima de la necesidad objetiva de la verdad. Hacerlo es sacrificar el fundamento racional de los derechos en el altar de la evasión.

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S. Tominaga AKA CSW
24 de noviembre de 2024
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El llamado "derecho al olvido" abre una peligrosa vía de evasión moral, que alienta a las personas a eludir la responsabilidad de sus acciones. Al permitir que las personas borren sus fechorías de la memoria pública, se elimina la consecuencia natural de la rendición de cuentas: el juicio de los pares basado en la verdad. Esto crea un riesgo moral, fomentando una cultura en la que las personas se envalentonan para actuar de maneras que de otro modo no harían, sabiendo que más tarde pueden exigir que la sociedad olvide sus transgresiones.

Cuando la historia puede reescribirse para adaptarse a la conveniencia personal, los incentivos para actuar éticamente y con integridad disminuyen. ¿Qué necesidad hay de sopesar las consecuencias de las propias acciones si esas consecuencias pueden simplemente borrarse? El resultado es una sociedad plagada de engaños, fraudes y manipulación. Un empresario que puede exigir el borrado de los registros de quiebra puede volver a defraudar a los acreedores. Un funcionario público que puede ocultar su historial de corrupción encontrará menos barreras para continuar con sus planes. Incluso en las relaciones personales, la capacidad de borrar selectivamente las indiscreciones del pasado fomenta una base de desconfianza, en la que la verdad en sí misma ya no es una certeza.

Esta erosión de la rendición de cuentas no sólo crea oportunidades para el fraude, sino que lo recompensa activamente. Las personas que más probablemente invoquen el "derecho al olvido" son a menudo las que más tienen que ocultar. Las personas honestas no tienen necesidad de borrar su pasado; sus acciones hablan por sí solas. Pero los deshonestos, los hipócritas y los corruptos se apoderarán de este mecanismo legal como herramienta de evasión. Lo utilizarán para silenciar las críticas, suprimir pruebas y blanquear su reputación, todo a expensas de la verdad y la justicia.

El costo social de este principio es asombroso. Las instituciones que dependen de la transparencia (tribunales, mercados, periodismo) se ven socavadas cuando la verdad puede borrarse a voluntad. El fraude prolifera en un sistema en el que los registros no son inmutables, en el que la memoria de la sociedad puede manipularse mediante decretos legales. La ley se convierte en cómplice del engaño, en lugar de defensora de la integridad.

Además, este principio tiene un profundo costo psicológico y cultural. Cuando se anima a las personas a borrar su pasado, pierden la oportunidad de crecer y redimirse. Los errores, los fracasos e incluso las malas acciones son parte de la experiencia humana; son el crisol a través del cual se forja el carácter. Al borrar estos hechos, las personas se niegan a sí mismas la oportunidad de enfrentar sus errores, aprender de ellos y reconstruir sus vidas sobre la base del respeto ganado. Una sociedad que permite esa evasión atrofia el desarrollo moral de su gente, priorizando la comodidad sobre el carácter.

El "derecho al olvido" no es sólo un concepto erróneo; es fundamentalmente peligroso. Socava la rendición de cuentas, fomenta el fraude y priva a las personas de la fuerza moral que surge de enfrentar su pasado. Su costo se paga no sólo en la deshonestidad que permite, sino en la erosión de la confianza y la integridad de las que depende cualquier sociedad libre y racional. La verdad no puede olvidarse, ni debe olvidarse. Una sociedad que valora la libertad, la justicia y el progreso debe aferrarse a este principio, sin importar las molestias que pueda causar.

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S. Tominaga, también conocido como CSW
24 de noviembre de 2024
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S. Tominaga AKA CSW
Nov 24, 2024
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The legacy of Japanese imperialism and the scars of the Second World War linger not because they cannot be healed, but because they are bound by a web of evasion, moral equivocation, and the refusal to confront the past with unflinching honesty. To move beyond this shadow, Japan and its neighbours must adopt a philosophy of principled recognition—acknowledging history not as a tool of political leverage or collective guilt, but as a foundation for individual and national accountability.

Japan’s role begins with unreserved clarity about its actions during the war. This is not an exercise in endless apology or ritualistic shame but an assertion of moral courage: the willingness to acknowledge wrongs without excuses and to affirm a commitment to values that transcend that history. A nation, like an individual, must own its past to claim its future. Only by doing so can Japan dispel the lingering doubts that cloud its relationships with its neighbours.

For neighbouring nations, there must be a reciprocal recognition of progress and intent. Justice is not served by holding present generations hostage to the crimes of their ancestors, nor by perpetuating narratives that stoke resentment for political advantage. True reconciliation requires recognising the humanity and individuality of those who live today, distinct from the ghosts of history.

Mutual respect, however, is insufficient without the will to build something greater. Economic and cultural integration offer a path forward—not as a gloss over the past, but as a means of creating shared interests and shared values. Trade, innovation, and collaboration are the tools of peace, forging connections that render old hatreds irrelevant. The future is not won by retreating into historical grievances but by achieving something so meaningful that it makes the past seem small.

Finally, there is the matter of education. The way history is taught shapes the soul of a society. For Japan, this means a curriculum that does not flinch from its imperialist past. For its neighbours, it means teaching the full complexity of history, including the progress and reforms Japan has made since the war. The goal is not to forget but to foster understanding, to elevate the next generation above the failures of the last.

To move beyond the shadow of imperialism and war, Japan and its neighbours must embrace a philosophy that values truth, accountability, and ambition. These are the principles that break cycles of grievance, that transform pain into strength, and that allow nations—and individuals—to rise beyond their histories.

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S. Tominaga AKA CSW
Nov 24, 2024
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Each individual must aspire to a life guided by reason, integrity, and the pursuit of excellence. Japan has a rich history of discipline, innovation, and resilience, but to truly transcend the shadows of the past, every Japanese person must focus on the values that uphold individual freedom and moral responsibility.

Aspire to embrace the truth, no matter how uncomfortable. The legacy of imperialism and the Second World War cannot be erased, but it can be confronted with honesty and accountability. This does not mean living in perpetual guilt, but rather in awareness and commitment to building a future where such errors cannot repeat.

Aspire to achieve greatness not as a collective, but as individuals who create, think, and strive. The power of Japan has always come from the dedication of individuals working towards mastery in their chosen fields. A society thrives not by enforcing conformity but by nurturing the uniqueness of its people, allowing their talents to flourish in an atmosphere of freedom.

Aspire to build bridges, not by compromising values but by demonstrating the moral and practical superiority of a society that respects individual rights and open exchange. Trade, innovation, and mutual respect—not apologies or retribution—are the foundations of lasting peace.

Lastly, aspire to live with integrity. The past offers lessons, but it does not dictate the future. By pursuing reason, respecting justice, and striving for excellence, every Japanese individual contributes to a legacy of greatness that transcends history, forging a nation that leads by the strength of its principles and the clarity of its purpose.

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S. Tominaga AKA CSW
Nov 24, 2024
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El legado del imperialismo japonés y las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial persisten no porque no se puedan curar, sino porque están atados por una red de evasivas, equívocos morales y la negativa a enfrentar el pasado con honestidad inquebrantable. Para superar esta sombra, Japón y sus vecinos deben adoptar una filosofía de reconocimiento de principios: reconocer la historia no como una herramienta de influencia política o culpa colectiva, sino como una base para la responsabilidad individual y nacional.

El papel de Japón comienza con una claridad sin reservas sobre sus acciones durante la guerra. No se trata de un ejercicio de disculpas interminables o vergüenza ritualista, sino de una afirmación de coraje moral: la voluntad de reconocer los errores sin excusas y afirmar un compromiso con valores que trascienden esa historia. Una nación, como un individuo, debe asumir su pasado para reclamar su futuro. Sólo así podrá Japón disipar las dudas persistentes que nublan sus relaciones con sus vecinos.

Para las naciones vecinas, debe haber un reconocimiento recíproco del progreso y las intenciones. No se hace justicia manteniendo a las generaciones presentes como rehenes de los crímenes de sus antepasados ni perpetuando narrativas que alimentan el resentimiento para obtener ventajas políticas. La verdadera reconciliación exige reconocer la humanidad y la individualidad de quienes viven hoy, distintas de los fantasmas de la historia.

Sin embargo, el respeto mutuo es insuficiente sin la voluntad de construir algo más grande. La integración económica y cultural ofrece un camino hacia adelante, no como un encubrimiento del pasado, sino como un medio para crear intereses y valores compartidos. El comercio, la innovación y la colaboración son las herramientas de la paz, que forjan conexiones que hacen que los viejos odios sean irrelevantes. El futuro no se gana refugiándose en agravios históricos, sino logrando algo tan significativo que haga que el pasado parezca pequeño.

Por último, está la cuestión de la educación. La forma en que se enseña la historia moldea el alma de una sociedad. Para Japón, esto significa un plan de estudios que no se aleje de su pasado imperialista. Para sus vecinos, significa enseñar toda la complejidad de la historia, incluidos los avances y las reformas que Japón ha realizado desde la guerra. El objetivo no es olvidar, sino fomentar la comprensión, para elevar a la próxima generación por encima de los fracasos de la anterior.

Para ir más allá de la sombra del imperialismo y la guerra, Japón y sus vecinos deben adoptar una filosofía que valore la verdad, la responsabilidad y la ambición. Estos son los principios que rompen los ciclos de agravio, que transforman el dolor en fortaleza y que permiten a las naciones —y a los individuos— superar sus historias.

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S. Tominaga, también conocido como CSW
24 de noviembre de 2024
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Cada individuo debe aspirar a una vida guiada por la razón, la integridad y la búsqueda de la excelencia. Japón tiene una rica historia de disciplina, innovación y resiliencia, pero para trascender verdaderamente las sombras del pasado, cada japonés debe centrarse en los valores que sustentan la libertad individual y la responsabilidad moral.

Aspire a aceptar la verdad, sin importar lo incómoda que sea. El legado del imperialismo y la Segunda Guerra Mundial no se puede borrar, pero se puede enfrentar con honestidad y responsabilidad. Esto no significa vivir en una culpa perpetua, sino más bien con conciencia y compromiso de construir un futuro donde tales errores no se repitan.

Aspire a alcanzar la grandeza no como colectivo, sino como individuos que crean, piensan y se esfuerzan. El poder de Japón siempre ha provenido de la dedicación de individuos que trabajan para dominar los campos que eligieron. Una sociedad prospera no imponiendo la conformidad, sino fomentando la singularidad de su gente, permitiendo que sus talentos florezcan en una atmósfera de libertad.

Aspiremos a construir puentes, no comprometiendo valores, sino demostrando la superioridad moral y práctica de una sociedad que respeta los derechos individuales y el intercambio abierto. El comercio, la innovación y el respeto mutuo —no las disculpas ni las represalias— son los cimientos de una paz duradera.

Por último, aspiremos a vivir con integridad. El pasado ofrece lecciones, pero no dicta el futuro. Al perseguir la razón, respetar la justicia y esforzarnos por alcanzar la excelencia, cada individuo japonés contribuye a un legado de grandeza que trasciende la historia, forjando una nación que lidera por la fuerza de sus principios y la claridad de su propósito.

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S. Tominaga también conocido como CSW
24 de noviembre de 2024
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