Los cambios combinan restricciones en la disponibilidad de visados con nuevas normas que endurecen el análisis de cada caso.

Desde el 10 de julio, el USCIS puede denegar solicitudes migratorias con firmas inválidas sin dar oportunidad de corrección ni reembolsar la tarifa pagada.

El DHS derogó la norma de carga pública de Biden: desde el 18 de septiembre, los oficiales podrán evaluar uso de Medicaid, SNAP y vivienda al tramitar residencias.

La administración Trump evalúa exigir una fianza de 100,000 dólares a ciertos solicitantes de green card que tramiten en consulados de EE.UU. en el extranjero.