Se trata de reforzar el aparato doctrinario, blindar el discurso y contener el malestar social a través de más propaganda y más control, en lugar de impulsar soluciones prácticas.

Las Tunas enfrenta críticas por corrupción; el primer secretario del PCC promete informar cuando la ley lo permita. Casos de malversación y tráfico de influencias agitan la opinión pública, mientras persiste el silencio oficial.