Pese a la narrativa oficial de “ayuda humanitaria”, no existen mecanismos públicos que permitan verificar de manera independiente el destino y uso final de esos cargamentos en beneficio directo de la población.

El buque podría transportar una compra hecha al contado por la empresa Cubametales, propiedad de GAESA, con un comerciante europeo actuando como intermediario.