Durante todo el tiempo que duró la declaración de emergencia por covid, muchos sistemas sanitarios operaron bajo una lógica de disciplina y control, más que de diálogo crítico.

Directrices oficializadas se erigieron como mandatos incontestables, y cualquier discrepancia fue interpretada como desviación o, peor aún, como deslealtad.

Sanciones disciplinarias, procedimientos colegiales y campañas públicas de desprestigio transformaban lo que debía ser un debate científico en un escenario de castigo ejemplar.

Médicos que cuestionaron medidas, lenguajes o narrativas fueron tratados como “negacionistas” antes que como profesionales con responsabilidad propia.

El caso de médicos como el Dr. Ruiz‑Valdepeñas demuestra que la línea entre defender la salud pública y perseguir la disidencia se ha vuelto perversamente difusa. el caso del Dr. Juanjo Martínez, Koldo Aso, la Dra. Natalia Prego y otros, no eran sancionados por mala praxis clínica, sino por opiniones emitidas en el ámbito público.

Esto, lejos de reforzar la ética médica, alienta la autocensura: generaciones de profesionales aprenden a callar, no por ausencia de dudas, sino por miedo a la retaliación.

Cuando el médico teme discrepar, la ciencia se empobrece, el paciente pierde un interlocutor honesto y la institución pierde legitimidad.

El Código de Núremberg y otros marcos éticos internacionales advirtieron hace décadas del peligro de someter la medicina al Estado.

Quienes quieran seguir defendiendo el espíritu de la medicina no pueden resignarse a ser ejecutores obedientes: deben asumir el riesgo de pensar, cuestionar y defender la verdad, incluso cuando incomode al conformismo institucional.

La “salud pública” no puede justificar la supresión de derechos ni la mutación de los colegios médicos en órganos de control político.

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https://nataliaprego.substack.com/p/los-medicos-no-deben-ser-ejecutores