Venezuela es un Estado parte de la Corte Penal Internacional. Esto significa que, en principio, los crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio venezolano pueden ser investigados y juzgados por la CPI, siempre que se cumplan ciertos criterios.

El Congreso de EE. UU. aprobó la Ley Bolívar para restringir operaciones económicas con el régimen de Maduro en Venezuela. La ley busca cortar el acceso a recursos financieros internacionales, especialmente en el sector petrolero.