Como sucede cada domingo desde las históricas protestas del 11J, Moya y Berta Soler volvieron a ser detenidos por agentes que reprimieron su pacífica manifestación a favor de la liberación de los presos políticos.

Los reclusos son esposados en posiciones incómodas y se les priva de agua.

Sesenta años después de la atrocidad cometida contra decenas de miles de personas, la historia de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción sigue siendo ocultada o minimizada por parte del régimen en manos de los herederos del poder comunista, totalitario…

La Fiscalía solicita una condena de nueve años de prisión por delitos contra el orden constitucional y dos años adicionales por desacato, sumando un total de 10 años de privación de libertad. Todo por unas publicaciones en redes sociales.

Venezuela es un Estado parte de la Corte Penal Internacional. Esto significa que, en principio, los crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio venezolano pueden ser investigados y juzgados por la CPI, siempre que se cumplan ciertos criterios.